En medio de la pandemia de COVID-19, cuando los cubanos enfrentaban una crisis sanitaria y económica sin precedentes, el régimen castrista no dudó en intensificar su control sobre el pueblo. El Decreto-Ley 370, conocido popularmente como la “Ley Azote”, se convirtió en la herramienta principal para silenciar a quienes se atrevieran a denunciar las injusticias del sistema a través de internet. Este decreto, promulgado en 2019, permite al régimen multar, hostigar y criminalizar a cualquier ciudadano que publique información considerada “contraria al interés social o la moral”.
Uno de los casos más destacados es el de Camila Acosta, una joven periodista independiente que ha enfrentado repetidas veces la represión por su labor informativa. En abril de 2020, Camila fue multada con 3,000 CUP por criticar al régimen en redes sociales, denunciando la escasez de alimentos y medicamentos. Su teléfono y equipo de trabajo fueron confiscados, y poco después fue interrogada y amenazada por la Seguridad del Estado. A pesar de las represalias, Camila sigue siendo una voz activa en la lucha por la verdad.
Otros activistas, como el científico Oscar Casanella, también han sido víctimas de esta ley represiva. En mayo de 2020, Casanella fue multado por publicar en Facebook un video que mostraba las condiciones deplorables de los hospitales cubanos durante la pandemia. Como respuesta, el régimen lo acusó de “difundir noticias falsas” y “desestabilizar el orden público”, una táctica común para desacreditar a quienes exponen la realidad del país.
El Decreto-Ley 370 no solo busca intimidar a periodistas y activistas, sino también a ciudadanos comunes que utilizan las redes sociales para expresar su descontento. Cada publicación crítica, cada comentario en Facebook o Twitter, es monitoreado por la Seguridad del Estado. Aquellos identificados como “opositores” son citados, multados e incluso detenidos, en un intento desesperado del régimen por controlar el discurso público.
Esta ley es una violación flagrante de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Mientras el gobierno cubano se presenta al mundo como un defensor de los derechos sociales, dentro de la isla utiliza la censura y la represión digital para perpetuar su poder. En un país donde los medios tradicionales están completamente controlados por el Estado, internet se ha convertido en el último refugio para la verdad.
Sin embargo, el pueblo cubano no se rinde. A pesar de la vigilancia y el miedo, los ciudadanos han encontrado formas de eludir la censura, utilizando VPNs, redes clandestinas y plataformas en el exilio para hacer oír sus voces. Cada publicación que denuncia las injusticias del régimen es una chispa que alimenta la llama de la resistencia.
El mundo debe condenar el uso del Decreto-Ley 370 y apoyar a los cubanos en su lucha por la libertad de expresión. Porque mientras el régimen intente silenciar al pueblo, la verdad seguirá encontrando formas de romper las cadenas de la censura.
